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Sin novedad en el frente Nov 29, 2009
La reunión que el viernes mantuvo en Málaga el Consejero de Ordenación del Territorio con los alcaldes de la comarca, no avanzó un milímetro en el camino de ofrecer soluciones a los reclamos más acuciantes de los regidores axárquicos. Espadas ratificó que no existe ni la más mínima posibilidad de modificar la ley de suelos para flexibilizar las normas de la construcción en el campo: aseguró que es mentira que en el campo no se pueda construir, sino que está permitido bajo ciertas condiciones. Nadie ha dicho lo contrario: pero es que esas condiciones son las de estar vinculado a una actividad agraria, que es justamente lo que impide usos residenciales, que es lo que quieren (y han venido permitiendo por omisión en los últimos diez años) las administraciones locales. Y por supuesto, ni una palabra sobre la situación legal de los alcaldes, que van comenzando a caer en los Tribunales como piezas de un dominó. Es que en este último asunto, la verdad es que hay pocas alternativas a la mano: la Justicia actúa según leyes vigentes en el momento del presunto delito, y lo único que podría hacer el gobierno es indultarlos una vez firme la condena, aunque eso llevaría a una cadena imprevisible.El Consejero ofreció la ayuda técnica de la Junta para elaborar los PGOU a los municipios que no lo tienen, aclarando que va a ser un planeamiento “de mínimas”, que regulará el suelo urbano no consolidado (ello podría permitir regularizar algunas viviendas, pero la mayoría no están allí sino en suelo rústico), pero dictaminará el “crecimiento cero” para el suelo urbano: ni una casa más. No es vano recordar que muchos Ayuntamientos axárquicos acudieron a la Diputación para este mismo objetivo, y el ente provincial puso a su disposición sus propios equipos tècnicos. El resultado, como podría ahora mismo demostrarlo con fotos de aquellas ocasiones, fue la entrega por parte de Diputación a varios mandatarios locales (entre ellos el de Alcaucín) de normas de ordenación urbana que al final se quedaron en papel mojado, porque ningún Ayuntamiento llegó a aprobarlas. Y es que se mire como se mire, los principales enemigos de estas restricciones a la vivienda rural, son los propios pobladores -propietarios- de los pueblos, y los alcaldes se las ven negras a la hora de contradecir a sus propios vecinos y electores. Hay un caso muy ilustrativo: el alcalde de El Borge, de Izquierda Unida, pidió a la Diputación (presidida por los socialistas) que le elaboraran su PGOU, pero cuando lo puso en período de alegaciones, fue el propio PSOE local quien le montó el cirio soliviantando a los vecinos con el argumento de que se verían perjudicados. En política no solo valen las buenas intenciones, también los votos. Y más allá de los discursos, los votos son el fundamento de la democracia, al menos la democracia que rige en nuestros países.El alcalde alborgeño, por cierto, coincidió en algo con el Consejero de la Junta: ha pedido hace unos días que el gobierno autonómico se haga cargo de las competencias urbanísticas en los pueblos menores de 3.000 habitantes, que son casi todos los del interior axárquico. Espadas concluyó, en su reunión del viernes y posteriores declaraciones a la prensa, que aquellos municipios que no tengan su PGOU en un año, por cuenta propia o con la ayuda ofrecida, sufrirán la retirada de las competencias urbanísticas. Sin embargo, está claro que si para el Consejero esa retirada sería un castigo para evitar que los alcaldes quieran seguir haciendo de su capa un sayo (el caso extremo es el de La Viñuela, que aprobó en Pleno su PGOU por presunto “silencio administrativo” de la Junta, algo que ya la Junta ha desmentido y anulado), la idea de Ponce es otra: si la Junta quiere imponer sus normas, que sea ella (o sea, el PSOE) y no los alcaldes locales quien pague el costo político.En resumen: la reunión del pasado viernes no ha servido para avanzar en nada, aunque en buena lógica a lo que haya dado la carta de defunción es a la recién nacida Mesa por el Urbanismo. ¿Pero es que alguien esperaba lo contrario?
